Cuando no se está ante la vulneración sino ante la amenaza a un recurso natural, no es aceptable exigir pruebas de las causas de la contaminación. De esta manera, el Consejo de Estado recordó que el objeto de la acción popular es evitar que se produzca el hecho o conducta vulneradora del derecho colectivo al goce de un ambiente sano en conexión con el de la existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Por otra parte, el alto tribunal aclaró que el objeto de esa acción constitucional no es la protección del derecho a la propiedad privada, sino garantizar los derechos colectivos, cuyo carácter difuso implica que radican en la comunidad en general y no en intereses particulares (C. P. María Elizabeth García González).