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Vigentes disposiciones para luchar contra la congestión judicial

30 de Octubre de 2015

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La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura informó que, desde el 29 de octubre, se trasladan y transforman unos despachos judiciales y cargos en todo el territorio nacional (Lea: Como desfavorable califican gestión de la Rama Judicial en el 2014).

 

Se trata de una serie de medidas de carácter permanente para fortalecer institucionalmente la prestación de los servicios de justicia y el acceso efectivo de los ciudadanos. (Lea: El 1º de enero del 2016 entra en vigencia el CGP)

 

El acuerdo indica que concluido el ejercicio de planeación y construcción de una solución sería para la descongestión judicial se “diseñó una estrategia de racionalización de la oferta de justicia para la redefinición de la estructura de cargos y la garantía de recursos presupuestales necesarios para su implementación”(Lea: “La oralidad ha incrementado el trabajo en la Sección Tercera”

 

Según el alto tribunal, el objetivo de estas medidas se concentran principalmente en: 

 

(I)  Lograr un equilibrio entre la oferta y la demanda de justicia, para atender las necesidades de la Rama Judicial.

 

(ii)  Adecuar las plantas de personal a los modelos de gestión y a los nuevos sistemas procesales.

 

(iii)  Agilizar los procesos y reducir los tiempos procesales.

 

(IV) Implementar la oralidad en todas las jurisdicciones y especialidades (Lea: Queda en firme entrada en vigencia de oralidad en materia civil).

 

(V) Procurar la mayor eficiencia y eficacia de la actividad judicial (Lea: 10 años del sistema penal acusatorio: ¿colapso inminente u obstáculos por superar?)

 

(Vi) Racionalizar el gasto público para hacerlo más eficiente (Lea: Gobierno explica aumento presupuestal para la Rama Judicial y la Fiscalía).

 

Finalmente, la Directora Ejecutiva de Administración Judicial y los Directores de las Unidades de Planeación y Presupuesto de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial informaron que se tiene un valor disponible por la suma de $ 113.393.698.056 para la implementación del acuerdo, en todo el territorio nacional.

 

Consejo Superior de la Judicatura, Acuerdo PSAA15-10402 , Oct. 29/15

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