Proyecto de ley que divide tres ministerios pasa a sanción presidencial

Las plenarias del Senado de la República y la Cámara de Representantes aprobaron el texto conciliado del proyecto de ley que escinde tres ministerios y le otorga facultades extraordinarias al Presidente de la República para modificar la estructura de la administración pública y la planta de personal de la Fiscalía General de la Nación.

Según el proyecto, que pasa a sanción presidencial, los ministerios que se dividen son el del Interior y de Justicia (queda como Ministerio del Interior), el de la Protección Social (queda como Ministerio de Trabajo) y el de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (queda como Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible). Por esta vía, se crean el Ministerio de Justicia y del Derecho, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, con lo cual el número de carteras ministeriales vuelve a ser de 16.

La futura ley también crea la Agencia Nacional de Defensa Jurídica de la Nación, adscrita al Ministerio de Justicia, encargada de la estructuración, formulación, aplicación, evaluación y difusión de las políticas de prevención del daño antijurídico y la defensa y protección efectiva de los intereses litigiosos de la Nación.

Las facultades extraordinarias fueron concedidas por seis meses, contados a partir de la sanción y publicación de la ley. Durante este lapso, el Jefe de Estado podrá adoptar, entre otras, las siguientes medidas:

• Crear, escindir, fusionar, suprimir y determinar la denominación, el número, la estructura orgánica y el orden de precedencia de los departamentos administrativos.

• Determinar los objetivos y la estructura orgánica de los ministerios escindidos y las nuevas carteras y la integración de los sectores administrativos respectivos.

• Reasignar funciones y competencias orgánicas entre las entidades y organismos de la administración pública nacional y entre estas y otras entidades y organismos del Estado.

• Crear, escindir y cambiar la naturaleza jurídica de los establecimientos públicos u otras entidades y organismos de la Rama Ejecutiva del orden nacional.

• Crear las entidades u organismos que se requieran para desarrollar los objetivos que cumplían las entidades u organismos que se supriman, escindan, fusionen o transformen, cuando a ello haya lugar.

• Determinar la adscripción o la vinculación de las entidades públicas nacionales descentralizadas.

El Gobierno también podrá crear los empleos que se requieran en la planta de personal de la Fiscalía General de la Nación para asumir las funciones y cargas de trabajo que reciba como consecuencia de la supresión o reestructuración del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). “En los empleos que se creen se incorporarán los servidores públicos que cumplan estas funciones y cargas de trabajo en la entidad reestructurada o suprimida, de acuerdo con las necesidades del servicio”, agrega el proyecto.

Sobre este último tema, el ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras, anticipó que se eliminará el DAS y se creará una nueva agencia de inteligencia. También anunció la reestructuración del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).

El proyecto incluye medidas de protección de los derechos laborales de los funcionarios vinculados a las entidades reestructuradas, liquidadas, escindidas, fusionadas o suprimidas. “Si fuese estrictamente necesaria la supresión de cargos, los afectados serán reubicados o reincorporados, de conformidad con las leyes vigentes”, dispone.

Así mismo, los beneficios consagrados en el Capítulo 2 de la Ley 790 del 2002, relacionados con la rehabilitación profesional y técnica, “se aplicarán a los servidores públicos retirados del servicio en desarrollo de las creaciones, escisiones y fusiones realizadas o autorizadas en la presente ley”.