Procuraduría solicita a Corte Constitucional aclarar providencia sobre bases militares en resguardos indígenas

La Procuraduría General de la Nación le pidió a la Corte Constitucional que aclare mediante auto motivado, y no mediante un comunicado de prensa, el Auto 173 del 2012, que le ordena al Ministerio de Defensa devolver seis hectáreas de terreno que son propiedad de los resguardos indígenas Jiw y Nükak, ubicados en los departamentos del Meta y Guaviare.

El jefe del Ministerio Público, Alejandro Ordóñez Maldonado, señaló que ordenará conformar una comisión técnica para verificar la situación de las personas y pueblos cuyos derechos fundamentales se encuentran amenazados.

La providencia del tribunal constitucional señala que estos pueblos indígenas están en grave peligro de ser exterminados física y culturalmente por causa del conflicto armado interno y la omisión de las autoridades en brindarles una adecuada y oportuna protección.

Vale la pena recordar que el pronunciamiento lo hizo la Sala de Seguimiento a la Sentencia T-025 del 2004, que declaró el estado de cosas inconstitucional en materia de desplazamiento forzado.

El alto tribunal recordó que ya se había hecho una advertencia sobre la situación de estos pueblos en el año 2009. Sin embargo, continúan siendo víctimas de violaciones a sus derechos fundamentales individuales y colectivos.

La Sala le solicitó a las autoridades competentes elaborar un plan provisional urgente de reacción y contingencia que garantice, además de la protección, el acceso a agua potable y saneamiento básico, seguridad alimentaria y acceso efectivo a los servicios de salud y vivienda digna. Así mismo, deberá gestionarse la compra de terrenos para reubicar a las familias de esta comunidad indígena.

Finalmente, la Corte aclaró que no ha ordenado el retiro de bases militares ubicadas en los departamentos de Meta y Guaviare, sino la devolución de seis hectáreas de terreno ocupadas por construcciones superpuestas con el territorio de un resguardo indígena Jiw y Nükak.