Procuraduría radica nulidad contra sentencia que ordenó rectificar declaraciones sobre aborto

La Procuraduría General de la Nación radicó ante la Corte Constitucional la solicitud de nulidad de la Sentencia T-627 del 2012, que le ordenó al procurador Alejandro Ordóñez y a dos procuradoras delegadas rectificar las declaraciones y circulares en las que se tildó como promoción del aborto las campañas de salud sexual y reproductiva que ordenó el alto tribunal en la Sentencia T-388 del 2009.

A juicio del Ministerio Público, la Corte violó el debido proceso, porque el proyecto de fallo de tutela  se radicó, discutió y aprobó en un mismo día, y no se surtió la notificación debida, sino que se dio a conocer por los medios de comunicación. Además, el concepto en el que la Procuraduría pidió que la decisión fuera adoptada por la Sala Plena no fue tenido en cuenta.

De otro lado, cuestionó la falta de pronunciamiento sobre de la decisión de dos magistrados de la Sala Octava de no declararse impedidos a pesar de encontrarse investigados penalmente debido a una denuncia presentada por una de las accionadas.

La entidad advirtió que el alto tribunal desconoció los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela, porque la acción se interpuso contra actos administrativos de carácter general y particular, que son sujetos de control por parte del Consejo de Estado, y no se demostró la existencia de un perjuicio irremediable.

Finalmente, señaló que hubo una valoración indebida de pruebas relacionadas con las circulares en las que se habló de la anticoncepción oral de emergencia y la inclusión del Misoprostol en el Plan Obligatorio de Salud.