ONU presenta informe sobre la situación de derechos humanos en el 2012

La Alta Comisionada de los Derechos Humanos para Colombia acaba de publicar el informe sobre la situación de los derechos humanos en el país durante el 2012.

Según el documento, el inicio oficial del diálogo entre el Gobierno y las FARC para terminar el conflicto, y la implementación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (Ley 1448 del 2011), demuestran que el país está en condiciones de mejorar el cumplimiento de sus obligaciones frente a los derechos humanos.

Sin embargo, continuaron las agresiones y amenazas contra los defensores de derechos humanos y contra quienes participan en el programa de restitución de tierras, atribuidas principalmente a los grupos armados ilegales surgidos después de la desmovilización de paramilitares, destaca.

Así mismo, se han recibido numerosas denuncias sobre abusos cometidos por miembros del Ejército y la Policía, que han lesionado la vida e integridad de adultos y niños.

Por otro lado, el ente internacional advierte que falta garantizar el respeto del derecho a la consulta previa, la libertad de expresión y los derechos económicos, sociales y culturales. Adicionalmente, se siguen presentando casos de discriminación por motivos de raza, origen étnico, género, edad, orientación sexual y discapacidad, incluso por parte de altos funcionarios del Estado.

La comisionada reconoce el esfuerzo de la Fiscalía General de la Nación para lograr la investigación de las violaciones graves de los derechos humanos y el uso de estrategias procesales internacionales. No obstante, la Ley de Justicia y Paz (Ley 975 del 2005) sigue presentando problemas en su aplicación, y los resultados obtenidos han sido muy limitados, agrega.

La organización también expresa su preocupación por la crisis carcelaria, causada por el hacinamiento y el exceso en la imposición de penas de prisión, al igual que por los 113 casos de desapariciones forzadas y el esfuerzo insuficiente del Gobierno para evitarlas.

Temas urgentes

La investigación y sanción de las ejecuciones llamadas “falsos positivos” y la reforma al fuero penal militar son algunos de los problemas que requieren atención urgente, resalta el informe.

En ese sentido, afirmó que el Acto Legislativo 2 del 2012 (reforma al fuero penal militar) vulneró la separación de poderes y el Estado de derecho.

Entre las recomendaciones dirigidas al Estado colombiano, está adoptar mecanismos de justicia restaurativa en el proceso de paz, llevar a cabo las consultas previas a los distintos grupos étnicos, elaborar un sistema de vigilancia del uso del presupuesto ordinario y las regalías, garantizar la sostenibilidad del proceso de restitución de tierras y dirigir y diseñar un plan de política criminal para superar la crisis carcelaria.