La Contraloría General de la República imputó cargos de responsabilidad fiscal a 13 magistrados y exmagistrados del Consejo Superior de la Judicatura involucrados en el denominado “carrusel de las pensiones”.

Los funcionarios tendrán que responder por un presunto daño al patrimonio público que asciende a 3.421 millones de pesos.

Los imputados son los magistrados Julia Emma Garzón, Henry Villaraga Oliveros, Martha Patricia Zea y Temístocles Ortega Narváez, y los magistrados auxiliares Cenaida Mejía Báez, Zilath Corrales Pérez, Constanza Margarita Navia, Álvaro Rojas Mallorquín, Jaime Roberto Arteaga, Jesús Herrera Cortés, Jorge Iván Bravo, Margoth Castellanos Carrillo y Petrona Perafán.

Según la Contraloría, los magistrados designaron en el cargo de magistrado auxiliar, de forma reiterada e irregular, y por períodos muy breves de tiempo, a personas próximas a pensionarse, lo que incidió de forma directa en el reconocimiento, la reliquidación y el pago de pensiones superiores a las que correspondían.

De otro lado, el ente de control ordenó cesar la acción fiscal y archivar el proceso de responsabilidad que se adelantaba contra de los magistrados José Ovidio Claros, María Mercedes López, Carlos Arturo Ramírez, Luz Elena Rodríguez y Jorge Antonio Castillo, y los magistrados auxiliares Luis Evelio Hoyos, José Felipe Vidal, José Martín Hernández, María Consuelo Concha y Martha Isabel González.