En Ley de Víctimas, políticas sociales no deben confundirse con acciones de reparación

La Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República y la Defensoría del Pueblo presentaron, ante la plenaria del Senado, un informe sobre los resultados de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (Ley 1448 del 2011) durante su primer año de implementación.

Los entes de control advirtieron que el Gobierno no puede confundir las políticas sociales tradicionales con los mecanismos y acciones de reparación a las víctimas. A su juicio, el acceso a la salud, la educación, el empleo o a políticas de subsidios “no reflejan en su verdadera dimensión la problemática de la violación a los derechos humanos”.

Además, manifestaron su preocupación porque en el marco fiscal de mediano plazo se reduce la presión fiscal del 14,5 % al 13,7 % del producto interno bruto (PIB), para el periodo 2012 - 2023. El informe cuestiona si se debe reducir a menos de la media de América Latina, a pesar de las particulares circunstancias sociales que vive el país.

 
De acuerdo con el documento, es preocupante que muchas de las acciones planteadas o previstas para ser implementadas en un futuro “o se encuentran en un nivel incipiente en su desarrollo, o no están siendo desarrolladas”, lo que afecta de manera directa la implementación de la ley y, sobre todo, el alcance de las metas previstas para el 2012.

   
Al respecto, la Procuraduría recomendó hacer claridad sobre los roles y las responsabilidades asignados a las entidades.

“El Plan Nacional para la Atención y Reparación Integral a Víctimas debe ser construido a partir de los planes de acción de las entidades territoriales, de los planes operativos de los subcomités técnicos y de los documentos Conpes, logrando el objetivo propuesto por la ley”, señaló el Ministerio Público.