La Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional reconoció los derechos fundamentales a la vida, el mínimo vital y la dignidad humana de dos mujeres desplazadas por la violencia.

La Procuraduría General de la Nación asumió la representación de estas mujeres, cuyos hijos habían sido reclutados por el Ejército Nacional para prestar el servicio militar obligatorio, a pesar  de manifestar su condición de desplazados y exhibir toda la documentación que la acreditaba.

Los miembros de la fuerza pública hicieron caso omiso y procedieron a trasladar a ambos jóvenes al Batallón Especial Energético y Vial de San Carlos (Antioquia).

Las accionantes argumentaron que, por su avanzada edad, dependen en forma exclusiva del sustento económico proporcionado por sus hijos.

Al revisar la solicitud del Ministerio Público, la Corte Constitucional revocó el fallo de única instancia proferido por el Juzgado Civil del Circuito de Marinilla y ordenó el desacuartelamiento de los jóvenes y la expedición de las libretas militares provisionales correspondientes.