Corte Constitucional pide a organismos de control evaluar resultados en restitución de tierras

La Corte Constitucional les pidió a la Procuraduría, la Contraloría y la Defensoría que se pronuncien sobre los informes presentados por el Gobierno acerca de los avances en el componente de tierras, frente al cumplimiento de la Sentencia T-025 del 2004, que declaró el estado de cosas inconstitucional en la atención a la población desplazada.

La información, allegada al alto tribunal por el Ministerio de Agricultura, es producto del llamado que esa corporación hizo al advertir que el Ejecutivo llevaba más de dos años sin hacer referencia al cumplimiento de los compromisos acordados en esa materia.

Para la Corte, era necesario conocer las estrategias en ejecución y los logros, porque, según advirtió, no se había tenido noticia de los resultados de la puesta en marcha de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (Ley 1448 de 2011).

El alto tribunal tendrá en cuenta la información consignada por el Ejecutivo y los conceptos de los organismos de control, en aspectos como la prevención del despojo, sistemas de información, enfoque diferencial, seguridad y participación de los desplazados en la formulación de los programas.

Además, ordenó entregar copias de la decisión a organismos como la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, el Consejo Noruego para los Refugiados y la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado, con el fin de invitarlos a que entreguen sus opiniones, si lo consideran pertinente.

La Corte también examinará las políticas puestas en funcionamiento por el Gobierno en materia de vivienda, generación de ingresos y, en general, si las acciones han permitido y garantizarán el retorno de las comunidades a sus tierras en condiciones dignas.

(Corte Constitucional, Auto 058 (T-025/04), abr. 8/13, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva)