Conozca las recomendaciones de la Procuraduría ante la implementación del CGP

Ante la inminente entrada en vigencia del Código General del Proceso (CGP) en materia civil, agraria, comercial y de familia en Colombia, a partir del 1º de enero del 2016, la Procuraduría General de la Nación desarrolla el proyecto de Seguimiento a la Implementación de la Oralidad, de la Descongestión y del Código General del Proceso en la Justicia Civil, informó en un comunicado de prensa.

La acción pretende evitar la vulneración de derechos fundamentales de los usuarios actuales y potenciales de la justicia civil y de familia; además, presenta una serie de recomendaciones y acciones a realizar para tal fin (Vea: Sala Civil critica entrada en vigencia de la oralidad para el 2016).

Para la entidad, deben satisfacerse los requerimientos mínimos necesarios para acondicionar la puesta en marcha el Código General del Proceso.

Por tal motivo, se realizaron los siguientes llamados a los distintos órganos del Estado:

• Al Congreso de la República le pide dar trámite prioritario al proyecto de ley 078/15, por medio del cual se busca prorrogar por un término razonable la entrada en vigencia de la oralidad y del Código General del Proceso en las áreas civil, familia, agraria y comercial.

•  A la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura o al Consejo de Gobierno Judicial y a la Gerencia de la Rama Judicial adoptar las medidas suficientes y necesarias tendientes a cumplir los requisitos constitucional y legalmente establecidos que permitan la adecuada implementación de la oralidad.

•  Al Gobierno Nacional, generar las condiciones presupuestales necesarias para la implementación del Código General del Proceso.

• A las distintas entidades comprometidas con la oralidad en materias civil y de familia, implementar medidas efectivas de difusión y orientación a la ciudadanía.

• A los abogados litigantes y a los estudiantes de Derecho y carreras afines;

• A la Comisión de Seguimiento a la Ejecución del Plan de Acción para que realice una rigurosa vigilancia al cumplimiento del mismo, según lo dispuesto por el ordenamiento jurídico.

Además, el proyecto sugiere ejecutar acciones como: ejecutar el plan especial de descongestión; aprobar e implementar los nuevos modelos de gestión, la estructura interna y el funcionamiento de los despachos, así como de las oficinas y centros de servicios judiciales, fortaleciendo los mecanismos alternativos de solución de conflictos, en particular la conciliación; expedir los reglamentos necesarios sobre los asuntos de su competencia que guarden relación con las funciones atribuidas en este código; crear y redistribuir los despachos judiciales; ajustar y expedir el nuevo mapa judicial y desconcentrar los servicios judiciales con base en la demanda y la oferta de justicia, entre otras.

De igual forma, destaca el comunicado, se recomienda construir la infraestructura física necesaria y suficiente para los despachos, salas de audiencias y centros de servicios, que garanticen la seguridad e integridad de la información; adecuar la infraestructura tecnológica de los despachos; agilizar los procesos de selección del talento humano por el sistema de carrera judicial de acuerdo con el perfil requerido para la implementación del nuevo código.

Así mismo, es necesario capacitar a la totalidad de los servidores de la Rama Judicial sobre temáticas constitucionales, de las especialidades civil, de familia, agraria y comercial; diseñar e implementar el modelo de atención y comunicación con los usuarios; y, por último, hacer la planeación y realizar el control financiero y presupuestal para la Implementación del Código General del Proceso, finalizó.

Procuraduría General de la Nación, Comunicado, Dic. 16/15

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