Coalición ciudadana advierte que magistrados y senadores tienen familiares en la Procuraduría

La coalición ciudadana por una elección transparente del Procurador General de la Nación, integrada por la Misión de Observación Electoral (MOE) y Elección Visible, reveló que dos senadores y tres magistrados de la Corte Suprema de Justicia tienen familiares vinculados laboralmente con el Ministerio Público.

La información fue obtenida a través de derechos de petición en los que se les preguntó a senadores y magistrados si tenían familiares de hasta cuarto grado de consanguinidad trabajando en la entidad.

“Hasta la fecha, han respondido 85 de los 99 congresistas que actualmente tienen asiento en el Senado de la República y 17 de los 18 magistrados de la Corte. El plazo para recibir respuestas venció el pasado  martes”, señaló la organización.

Los senadores José Francisco Herrera y Félix José Valera reportaron tener familiares en el Ministerio Público, así como los magistrados Jorge Mauricio Burgos, Javier Zapata Ortiz y Ruth Marina Díaz.

Por su parte, el magistrado José Leonidas Bustos, cuestionado por el presunto vínculo laboral de su esposa con la Procuraduría, manifestó que no daría respuesta  al derecho de petición, porque tales cuestionamientos violaban su derecho a la intimidad.

“El poder judicial debe ser transparente y el doctor Bustos ganaba más informando sobre sus familiares en la Procuraduría, que con la respuesta que nos dio', sostuvo la vocera de la coalición y directora de la Corporación Excelencia en la Justicia, Gloria María Borrero.

Senadores investigados

De acuerdo con la Procuraduría, hasta la fecha, 12 senadores en ejercicio están siendo investigados disciplinariamente.

Según Alejandra Barrios, directora de la MOE y miembro de la coalición, el 14 % del Senado está impedido para este proceso de elección, no solo para votar, sino también para participar en algún tipo de campaña.

La coalición llamó la atención sobre la falta de convocatoria y audiencia pública en la elección del procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez, como candidato de la Corte Suprema. En su opinión, hubo un retroceso en los estándares de transparencia que se habían logrado en otros procesos.

“El otro hecho preocupante, señala la Organización, son los acuerdos políticos que se lograron aun antes de que estuviera integrada la correspondiente terna, lo cual va en contra del principio de igualdad de los demás candidatos y lo que denota una falta de elegancia en la competencia”.

La coalición invitó a los ciudadanos a ampliar la información presentada, en caso de que lo consideren necesario. La información, con datos verificables, puede ser enviada a info@cej.org.co o a través del libro de opiniones de www.eleccionvisible.com