CIDH presenta informe sobre situación de derechos humamos en Colombia

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó su cuarto informe sobre la situación de derechos humanos en Colombia (Verdad, justicia y reparación), elaborado tras la visita que realizó al país en diciembre del 2012 con el fin de recopilar información sobre la situación del conflicto armado interno, la de los grupos que están en especial situación de vulnerabilidad y de los mecanismos de justicia transicional adoptados por el Estado.

El organismo valoró el avance de los diálogos de paz entre el Gobierno y las FARC, y reiteró su convicción de que, para lograr una paz estable y duradera, es necesario esclarecer las violaciones a los derechos humanos cometidas en el marco del conflicto, juzgar y sancionar a los responsables conforme a la ley y reparar los daños causados a las víctimas.

El documento aborda diversas temáticas, en particular las relativas a los derechos a la verdad, la justicia y la reparación, en los que destaca la importancia de redoblar esfuerzos para combatir la impunidad. Así mismo, considera especialmente importante la incorporación de las víctimas en las negociaciones de paz.

La CIDH constató el grave impacto de la prolongación del conflicto en la situación de derechos humanos. La guerra, señala el informe, ha conjugado todas las formas de violencia y ha acontecido en los lugares más apartados, perpetuando y acentuando contextos de discriminación y exclusión social histórica, en especial con los sectores más vulnerables, como las minorías étnicas, los niños, las mujeres, los periodistas, las minorías sexuales y las personas privadas de la libertad.

Así mismo, advirtió sobre la continuidad del desplazamiento forzado interno, que, a su juicio, representa uno de los principales desafíos en materia de derechos humanos que enfrenta Colombia. El informe también recoge información sobre la situación de los derechos económicos, sociales y culturales, y la específica de los grupos especialmente afectados por la confrontación armada.

A juicio del Comisión, el Estado debe fortalecer la labro de las instituciones trabajan en la investigación y juzgamiento de estas conductas, y en particular, en la implementación de la Ley de Justicia y Paz. Al respecto, observa que se han desarrollado medidas legislativas encaminadas a tal dirección.

No obstante, considera imperativo que el Estado adopte una perspectiva de derechos humanos, al tomar las decisiones que correspondan al marco jurídico transicional, de manera que garantice el acceso a la justicia, de conformidad con las obligaciones internacionales que ha asumido.

En cuanto a las medidas de protección del sistema interamericano, reconocido por Colombia, advirtió que le corresponde al Estado su implementación y seguimiento, y recordó que no pueden estar subordinadas al inicio o agotamiento de procesos internos.