La ministra de Justicia, Ruth Stella Correa, anunció la expedición de un decreto, junto con  los ministerios de Salud y de Hacienda, para mejorar la prestación de los servicios de salud de la población reclusa.

Durante un debate de control político en la Comisión Séptima del Senado, Correa explicó que la norma modificaría el Decreto 2777 del 2010, que ordena contratar la prestación de servicios de salud para los reclusos con una entidad pública del orden nacional.

“En los últimos meses hemos estado concertando un documento concreto entre los ministerios de Hacienda, Salud y Justicia a través del cual se hace una modificación seria del servicio de salud en los centros de reclusión para los internos. Ese Decreto será firmado hoy”, indicó la ministra.

El decreto liberará al Estado de la contratación de estos servicios con Caprecom y le permitirá hacerlo con una EPS pública o privada.

“La norma parte del supuesto de que para el pago a la EPS que preste el servicio habrá una unidad de pago por capitación (UPC) diferencial dada la alta tasa de uso por parte de los internos del servicio de salud, lo cual hace más costoso el sistema”, indicó la  funcionaria.

En un plazo de cuatro meses, la autoridad competente definirá una UPC superior a la del régimen subsidiado, para responder a las condiciones particulares de dicha población, de acuerdo con el riesgo y el costo de la atención en salud.

Simultáneamente, se adelantará la adecuación de 47 unidades de servicios sanitarios y se tomarán medidas para reducir los índices de superpoblación carcelaria, aseguró Correa.