Abren proceso de responsabilidad fiscal contra magistrados del Consejo Superior

La Contraloría General de la República (CGR) abrió proceso de responsabilidad fiscal en contra de nueve magistrados y 13 exmagistrados del Consejo Superior de la Judicatura, por un presunto detrimento patrimonial de 13.786 millones de pesos, con ocasión del denominado “carrusel de las pensiones”.

ÁMBITO JURÍDICO obtuvo un extracto del auto del 7 de marzo del 2012, emitido por el jefe de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción ad hoc, Carlos Eduardo Umaña, que señala los funcionarios y exfuncionarios involucrados en este proceso y los hechos que lo motivaron.

Según el órgano de control, magistrados con función nominadora designaron en cargos de magistrado auxiliar, de manera reiterada, presuntamente irregular y por periodos muy breves (entre uno y 11 meses), a funcionarios próximos a obtener la pensión, lo que implicó el reconocimiento de mesadas que superaron hasta por cuatro veces las que les corresponderían sin haber ocupado ese último cargo.

Por ejemplo, Luis Evelio Hoyos Zapata obtuvo una pensión de 11.613.704 pesos, liquidada con base en el salario devengado durante el tiempo que laboró como magistrado auxiliar del Consejo Superior (del 31 de octubre al 18 de diciembre del 2008). Si no hubiese ocupado ese cargo, el valor de la mesada sería de 3.249.459 pesos. A Hoyos lo nombró la magistrada María Mercedes López Mora.

Los otros magistrados nominadores son: Temístocles Ortega Narváez (hoy gobernador del Cauca), Carlos Arturo Ramírez, Julia Emma Garzón, José Ovidio Claros, Luz Elena Rodríguez, Henry Villarraga Oliveros, Martha Patricia Zea y Jorge Antonio Castillo Rugeles.

Otros magistrados auxiliares del Consejo Superior beneficiados por su corta designación e incursos en el proceso de responsabilidad fiscal son:

Álvaro Rojas Mayorquín. Ocupó el cargo del 17 de julio al 16 de agosto del 2009. Obtuvo una pensión de 12.917.614 pesos. Sin ocupar el cargo, la mesada sería de 3.928.000 pesos.

Petrona Perafán Ordóñez. Ocupó el cargo del 3 de abril al 1° de julio del 2008. Obtuvo una pensión de 11.537.500 pesos. Sin ocupar el cargo, la mesada sería de 3.850.939 pesos.

Constanza Margarita Navia. Ocupó el cargo del 3 de febrero al 8 de marzo del 2010.  Obtuvo una pensión 12.042.754 pesos. Sin ocupar el cargo, la mesada sería de 4.498.758 pesos.

Cenaida Mejía Báez. Ocupó el cargo del 1° de noviembre del 2007 al 2 de abril del 2008.  Obtuvo una pensión de 11.537.500 pesos. Sin ocupar el cargo, la mesada sería de 2.742.621 pesos.

Martha Isabel González. Ocupó el cargo del 1° de septiembre al 31 de octubre del 2009. Obtuvo una pensión de 11.546.489 pesos. Sin ocupar el cargo, la mesada sería de 3.532.661 pesos.

La respuesta del Consejo Superior

En rueda de prensa, el presidente de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, Angelino Lizcano, sostuvo que la determinación de la CGR debió producirse luego de que se dirima el conflicto de competencias que actualmente conoce una sala de conjueces de esa corporación.

Cabe recordar que también está pendiente el pronunciamiento del Consejo de Estado sobre el conflicto de competencias que se suscitó entre la CGR y la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes por ese mismo tema, el “carrusel de las pensiones”.

Ese concepto se emitirá con motivo de la carta que el ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, le remitió al presidente de la Sala de Consulta y Servicio Civil, Augusto Hernández, el pasado 17 de febrero.

Antes de esa comunicación, la contralora Sandra Morelli le envió dos cartas a Esguerra, una de las cuales considera oportuno consultarle al Consejo de Estado si existe una norma constitucional o legal que establezca fueros en materia de responsabilidad fiscal que limiten la competencia de la CGR, entre otros interrogantes.

Debido a la trascendencia de este tema, se espera un pronto pronunciamiento del Consejo de Estado y de la sala de conjueces del Consejo Superior.