Al 31 de diciembre del año pasado, 4.814 personas naturales y jurídicas habían sido sancionadas por detrimento patrimonial al Estado, con fallo ejecutoriado y en firme, informó la Contraloría General de la República.

Esta cifra es levemente superior a la registrada en septiembre del 2011, cuando 4.729 personas figuraban como responsables fiscales.

En virtud de esta calificación, los sancionados están impedidos para acceder a cargos públicos y celebrar contratos con entidades estatales. Precisamente, en junio del año pasado, la Sección Segunda del Consejo de Estado sostuvo que tales prohibiciones estarán vigentes, hasta que el responsable fiscal cancele la totalidad de las obligaciones o el proceso fiscal finalice por otra causa.

Según la Sentencia 5582010 del 2011, si la persona que pretende posesionarse en un empleo público no le informa oportunamente a la administración que está incursa en una causal de inhabilidad, incurre en una falta disciplinaria gravísima.

En el caso fallado por el alto tribunal, se negó la nulidad de unas resoluciones expedidas por el Incora (hoy Incoder) que destituyeron a un exgerente de la regional de Santander, porque se posesionó a sabiendas de que tenía una obligación fiscal pendiente.

(CGR, Boletín 68, ene. 2/12)