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386 abogados y 75 funcionarios judiciales fueron sancionados en el primer semestre del 2012

25 de Julio de 2012

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El Consejo Superior de la Judicatura informó que durante el primer semestre del 2012 fueron sancionados disciplinariamente 75 funcionarios judiciales, entre magistrados de tribunal, jueces y fiscales, y 386 abogados.  

 

De los funcionarios sancionados por la Judicatura, ocho fueron destituidos del cargo; 64, suspendidos; dos recibieron sanción de multa y uno de amonestación. En total, se presentaron 630 quejas.

 

Así mismo, 19 de los abogados sancionados fueron excluidos de la profesión; 263, suspendidos para ejercer el Derecho; 93 recibieron sanción de censura y 11 fueron multados.

 

Entre las faltas que más cometieron los profesionales del Derecho están las que atentan contra la debida diligencia profesional, la lealtad y la honradez del abogado, la recta y leal realización de la justicia, el respeto a la administración de justicia y la dignidad de la profesión.

 

De otro lado, durante los primeros seis meses del año, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria resolvió 567 acciones de tutela, 411 colisiones de competencia y 12 habeas corpus.

 

Cifras de la Judicatura

Según cifras del Consejo Superior de la Judicatura, en el 2011, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria profirió 1.360 sentencias sancionatorias, de las cuales 1.159 fueron contra abogados y 201, contra funcionarios.

 

Por su parte, las salas disciplinarias de los consejos seccionales impusieron un total 1.419 sanciones: 1.160 contra abogados (2 amonestaciones, 312 censuras, 809 suspensiones y 37 exclusiones) y 259 contra funcionarios (7 multas, 210 suspensiones, 10 amonestaciones y 32 destituciones).

 

En ambos casos, los procesos restantes no concluyeron con sentencia condenatoria, bien por archivo o bien por absolución. La entidad también señaló que condenar a un abogado le cuesta al Estado unos 23.500.000 pesos.

 

Las faltas más comunes en las que incurren los abogados consisten en llegar tarde a una audiencia, no apelar una providencia o retener en forma indebida dineros del cliente, agregó la corporación.

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