Las entidades públicas no están obligadas a contratar a los abogados bajo las tarifas de honorarios de los colegios a los que estos se encuentran afiliados, pues tan solo son un marco de referencia, advirtió la Sección Tercera del Consejo de Estado. En consecuencia, si se cobraron sumas inferiores a las fijadas por los colegios de abogados, la autoridad pública no puede ser sancionada, ya que las normas consagradas por esas instituciones son una simple declaración de voluntad que no obliga a quienes no se encuentran colegiados, indicó (C.P. Hernán Andrade).