La Procuraduría General de la Nación advirtió que las conclusiones y recomendaciones derivadas del trabajo del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV) sobre el cumplimiento de las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en los autos 251 y 092 del 2008, referidas a la protección de los derechos fundamentales de las mujeres, niños y adolescentes desplazados, son deficientes. Según el organismo, el informe presentado carece de datos con respecto al número total de niños y adolescentes en situación de desplazamiento. “No hay datos referentes a la pertenencia de niños, niñas y adolescentes a las comunidades étnicas ni en situación de discapacidad”, señaló el Ministerio Público. Así mismo, aseguró que el documento carece de claridad en cuanto a la forma en que el Gobierno Nacional se ha ocupado de realizar acciones de prevención para que los menores de edad no sean víctimas de crímenes, reclutamiento forzado y minas antipersonales, entre otros aspectos.