El Consejo Superior de la Judicatura, haciendo uso del poder preferente, sancionó con suspensión provisional del cargo a un juez civil de Bogotá por fallar una tutela en contra de la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) cuando, al parecer, no era procedente esta acción. En la decisión, el funcionario ordenó la suscripción de la escritura pública y el cumplimiento de un contrato para la venta, por debajo del valor catastral, de un lote ubicado en el norte de Bogotá que perteneció al extinto narcotraficante Gonzalo Rodríguez Gacha y al que se le aplicó la extinción de dominio, pese a que el accionante contaba con otro mecanismo judicial para hacer las reclamaciones que considerara necesarias (M. P. Henry Villarraga Oliveros).