El Consejo de Estado recordó que los recursos del sistema general de riesgos profesionales no se pueden destinar para realizar actividades de salud ocupacional, pues tienen el carácter de dineros parafiscales o públicos con destinación específica. Señaló que su mala inversión o utilización por parte de quienes se benefician o administran dichos recursos, como empleadores, empleados o trabajadores de administradoras de riesgos profesionales (ARP), genera violación de la ley. La Sección Segunda señaló que los exámenes médicos hacen parte del programa de salud ocupacional para empresas y lugares de trabajo, cuya ejecución compete a patronos y empleadores, por lo que no se pueden poner con cargo a los recursos del sistema de riesgos profesionales. La Sala confirmó la sanción impuesta a una ARP que ordenó la asignación de algunos profesionales especializados en salud ocupacional para Distrisalud y la Aeronáutica Civil, financiados con dineros de dicho sistema (C. P. Luis Rafael Vergara).