Argumentando la vulneración de los artículos 1º; 2º; 13; 40, numeral 7; 125, 279 y 280 de la Carta Política, se solicita la inconstitucionalidad de la expresión “Procurador Judicial”, contenida en el numeral 2º del artículo 182 del Decreto 262 del 2000, que regula la estructura y el funcionamiento de la Procuraduría General de la Nación. Luego de presentar un análisis sistemático de las disposiciones constitucionales citadas como vulneradas y la regulación de la selección por méritos para funcionarios judiciales, el demandante sostiene que los preceptos acusados dejan por fuera de la carrera administrativa el cargo de procurador judicial, al ser catalogado como un empleo de libre nombramiento y remoción (demandante: Juan Evangelista Soler Reyes).