La Procuraduría General de la Nación solicitó la nulidad de la Sentencia T-841 del 2011 de la Corte Constitucional, porque, a su juicio, esta sentencia cambió y desconoció la jurisprudencia constitucional sobre la carencia actual de objeto, pues la menor ya había dado a luz, por lo que sus derechos a la dignidad, vida y salud no podían ampararse por medio de un aborto. El Ministerio Público dijo que reconoce la ejecutoria de la sentencia y que adoptará las gestiones necesarias para garantizar su cumplimiento. Sin embargo, manifestó que velará por los derechos de la entidad condenada, pues la EPS a la que se le ordena reparar a la tutelante no hizo parte del proceso.