La Procuraduría General de la Nación, durante el Congreso nacional de derecho ambiental, presentó sus reflexiones sobre el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y advirtió que el otorgamiento de licencias debe ser el resultado de una rigurosa valoración técnica y científica. El procurador delegado para asuntos ambientales y agrarios, Óscar Darío Amaya, planteó descentralizar y fortalecer el seguimiento a las licencias ambientales. El funcionario también se refirió a la baja participación de los institutos de investigación del Sistema Nacional Ambiental en el proceso de evaluación de proyectos y advirtió que “es necesaria una mayor orientación a la comunidad para una adecuada y garantista participación en los procesos de evaluación del impacto ambiental”. Finalmente, destacó los avances institucionales, como la creación de la Agencia Nacional de Minería, de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, del Servicio Geológico Nacional y de la refundación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo.