La Procuraduría General de la Nación le remitió a la Corte Constitucional el informe definitivo sobre la gestión de vigilancia superior que ha venido ejerciendo sobre el cumplimiento de la Sentencia T-388 del 2009. En el informe, el Ministerio Público señala cómo se han adelantado las campañas de promoción de los derechos sexuales y reproductivos y cómo ha dado a conocer lo dispuesto en la Sentencia C-355 del 2006. La Procuraduría señala que ha hecho seguimiento a los alcaldes y gobernadores del país, como responsables del diseño, la ejecución y la evaluación de las políticas públicas de infancia y adolescencia y espera a finales del año consolidar la información. En el informe se ofrece además información sobre el acompañamiento y supervisión del cumplimiento de las obligaciones de los ministerios de Educación y de la Protección Social y de la Defensoría del Pueblo frente al diseño y la puesta en marcha de las campañas masivas de promoción de dichos derechos, según lo ordenado en la Sentencia T-388.