La Procuraduría General de la Nación pidió declarar exequible la Convención sobre diversidad de expresiones culturales y su ley aprobatoria (Ley 1516 del 2012). Según el Ministerio Público, la norma cumplió con los requisitos formales en su trámite legislativo y se ajusta a los principios constitucionales que reconocen la diversidad étnica y cultural del país. Señaló que ni el convenio ni su ley aprobatoria afectan de manera singular ni especial a los grupos indígenas, pues su objeto es proteger y promover todas las manifestaciones culturales existentes en el territorio nacional, por lo cual no era necesario someter a consulta previa la iniciativa.