La Procuraduría General de la Nación radicó ante la Corte Constitucional la solicitud de nulidad de la Sentencia T-627 del 2012, que le ordenó a Alejandro Ordóñez y a dos procuradoras delegadas rectificar algunas declaraciones y circulares en las que se calificaban de acciones para promocionar el aborto las campañas de salud sexual y reproductiva que ordenó el alto tribunal en el fallo T-388 del 2009. A juicio del Ministerio Público, en la sentencia se violó el debido proceso, porque el proyecto se radicó, discutió y aprobó en un mismo día y no se surtió la notificación debida, sino que se dio a conocer por los medios de comunicación. Además, no se acogió el concepto de la Procuraduría para que la decisión fuera adoptada por la sala plena. Así mismo, la entidad argumentó que se desconocieron los requisitos de procedibilidad de la tutela, porque la acción se interpuso contra actos administrativos de carácter general y particular, que son sujetos de control por parte del Consejo de Estado, sin demostrar un riesgo de daño irremediable. Otro de los argumentos de la solicitud de nulidad hace referencia a la valoración indebida de pruebas, relacionadas con las circulares en las cuales se habló de la anticoncepción oral de emergencia y la inclusión del Misoprostol al Plan Obligatorio de Salud.