Según la Procuraduría, el Gobierno Nacional no puede percibir recursos de las regalías. Por ello, le pidió a la Corte Constitucional que declare inexequibles las expresiones “en un 50 % destinado” y “y el 50 % restante a favor del Gobierno Nacional”, contenidas en el artículo 16 del Decreto 4923 de 2011 y en el artículo 16 de la ley 1530 del 2012, que prevén que le corresponde al Gobierno la mitad de los recursos que se generen a partir de la diferencia entre los precios bases de liquidación y los de comercialización de las regalías pagadas en especie. El Ministerio Público explicó que aunque el Decreto 4923 fue derogado por la Ley 1530 del 2012, esta reprodujo la misma norma, por lo que es necesario declarar la unidad normativa entre las dos. Señaló que el artículo 361 de la Constitución precisa los beneficiarios de las regalías y la distribución de las mismas y señala que todos los recursos de regalías se destinan para propósitos territoriales, por medio de diversos fondos y financiación de proyectos.