La Procuraduría General de la Nación le pidió a la Corte Constitucional que declare exequible el Decreto 4827 del 2010, expedido durante el estado de emergencia económica, social y ecológica por la ola invernal, que busca adoptar medidas tendientes a garantizar a los estudiantes el ejercicio del derecho a la educación en las zonas de desastre. La norma faculta a la autoridad territorial para que pueda utilizar las instalaciones escolares públicas de su jurisdicción para el funcionamiento temporal de más de un establecimiento educativo y permite flexibilizar los horarios de las jornadas y el calendario académico.