La Procuraduría General de la Nación le pidió a la Corte Constitucional que condicione la exequibilidad de la norma que establece una inhabilidad de 20 años para las personas naturales responsables de delitos de corrupción, para que se entienda que cuando se refiere a delitos que afectan el patrimonio del Estado o a los relacionados con pertenencia, promoción o financiación de grupos armados ilegales, delitos de lesa humanidad y narcotráfico en Colombia o en el exterior no se aplica dicho límite (Ley 1474 del 2011, art. 1). Adicionalmente, el Ministerio Público pidió que en caso de dichos delitos no se aplique la excepción relativa a los delitos culposos.