Según el procurador Alejandro Ordóñez, la actuación estuvo viciada, porque a pesar del impedimento que se le aceptó a la magistrada María Victoria Calle en el caso, esta expresó las razones por las cuales la tutela no podía ser seleccionada. El Ministerio Público recordó que la presidenta de la Corte Constitucional se declaró impedida de la discusión del 11 de junio por haberse hecho partícipe del debate del 28 de abril, en el cual se había negado la escogencia para revisión del caso, lo que a su juicio le impedía, como lo hizo, mencionar las razones que la habían llevado a rechazar la solicitud de revisión. Para el jefe del Ministerio Público, la Corte debe corregir estas actuaciones y, si es del caso, decretar nulidades procesales.