La Procuraduría General de la Nación dio a conocer el informe sobre los alcances de la minería ilegal en Colombia, en él se informa que se evaden importantes sistemas de control a la explotación de los recursos naturales, como es el caso de la licencia ambiental. Así mismo, el documento revela que hay una responsabilidad compartida entre los explotadores ilegales y el Estado, por su permisividad y omisión en la sanción por el incumplimiento de las normas de control minero ambiental. Según el Ministerio Público, el censo minero del país es deficitario, pues se evidencia que la minería ilegal constituye un inmenso porcentaje de las explotaciones que se realizan. Señala además que las explotaciones ilegales, en algunos casos, se desarrollan en áreas de protección como parques naturales y zonas de reserva, que pueden ocasionar daños irreparables a ecosistemas protegidos.