La Procuraduría General de la Nación denunció que hay disparidad en los reportes sobre la práctica de interrupciones voluntarias del embarazo que se ajustan a la doctrina constitucional, en su informe de seguimiento a la sentencia C-355 del 2006, que despenalizó el aborto en tres circunstancias específicas. El Ministerio Público señaló que mientras el Ministerio de Salud indica que, a diciembre de 2010, se produjeron 947 casos, organizaciones como Oriéntame hablan de 3.061 casos, Profamilia de 414 y la Fundación Apóyame de 288. Para el organismo, no existen indicadores claros ni criterios técnicos, jurídicos o epidemiológicos que se evalúen previamente para la prestación de este servicio. Finalmente, pidió la implementación de técnicas pedagógicas y didácticas en pro de la formación de una cultura para la sexualidad y la afectividad.