La Procuraduría General de la Nación defendió la prohibición que impide a las EPS invertir recursos destinados a la salud en activos fijos y, en cambio, las obliga a destinar estos recursos de procedencia pública, única y exclusivamente, en la prestación de servicios de atención médica. El Ministerio Público le pidió a la Corte Constitucional que declare exequible apartes del artículo 23 de la Ley 1438 del 2011, que señalan la aludida restricción en el uso de los dineros públicos del sector. Así mismo, la Procuraduría señaló que las entidades que prestan servicios de salud pueden financiar este tipo de actividades con el dinero que reciben una vez prestan los servicios propios de su actividad “y no previamente mediante vías de hecho contrarias al orden constitucional, con los recursos que se reciben para ser administrados e invertidos en la prestación del servicio”, aunque su propósito sea el de ampliar la cobertura en materia de seguridad social.