“El Estado no puede declinar el ejercicio de la soberanía en ningún rincón del territorio nacional”, dijo la Procuraduría al señalar que los disturbios con grupos indígenas del departamento del Cauca obedecen a la instrumentalización de grupos terroristas, intereses de empresas criminales vinculadas con el narcotráfico y de empresas interesadas en la minería ilegal. Afirmó que la autonomía de dichos pueblos y el hecho de tener una Constitución pluriétnica no puede poner en entredicho la soberanía del Estado colombiano. Por tal razón, pidió el apoyo al Ejército, a las instituciones y al Presidente de la República. Así mismo, rechazó la intervención del jurista español Baltasar Garzón en el caso, pues considera que resquebraja la integridad nacional.