La Procuraduría General de la Nación alertó al Gobierno, en especial a las entidades responsables del diseño, ejecución y coordinación del programa de eliminación de cultivos ilícitos, sobre la violación de derechos a un número importante de erradicadores manuales. La entidad hizo referencia a los posibles escenarios de responsabilidad extracontractual del Estado por el hecho de un tercero. Según la Procuraduría, “las autoridades deben evaluar las responsabilidades disciplinarias, penales y fiscales en que pudieran incurrir los funcionarios que, por sus acciones u omisiones, incurran en violaciones de los derechos de los erradicadores o que no presten las medidas de asistencia, atención y reparación integral que se requieran, en los casos en que ya haya ocurrido un daño”.