El Consejo de Estado sostuvo que aunque la libertad de un indiciado privado de ella se base en la aplicación del principio in dubio pro reo, hay lugar al resarcimiento. Indicó que la revocatoria de la medida de aseguramiento debido a la duda respecto a la responsabilidad penal de quien se encuentra detenido por orden judicial ha sido reconocida jurisprudencialmente como una de las causales de imputabilidad jurídica a cargo del Estado. Con estos argumentos, la Sección Tercera resolvió condenar a la Nación por la privación injusta de la libertad de dos ciudadanos sospechosos de pertenecer al frente 55 de las FARC. El juez de primer grado había sostenido que no se daban los presupuestos fijados en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal para demandar reparación por privación injusta de la libertad, dada que la preclusión se basaba en la duda a favor del procesado (C. P. Olga Mélida Valle).