Al resolver un recurso de apelación, el Consejo de Estado declaró administrativa y patrimonialmente responsable a la Policía Nacional por los perjuicios que sufrieron los demandantes como consecuencia de la muerte de una mujer asesinada por una persona civil con un arma de dotación arrebatada a un patrullero. Las entidades condenadas indicaron que debían absolverlas, puesto que el daño fue ocasionado exclusivamente por un tercero y no hubo pruebas de que el policía hubiera actuado negligentemente, con imprudencia o impericia. A juicio de la corporación, se consolidó una falla en el servicio, toda vez que el actuar descuidado del patrullero, quien no tomó precauciones para evitar ser despojado del arma, se sumó el hecho de que la Policía omitió su deber de asegurar que las labores de vigilancia se realizaran por al menos dos patrulleros. Así mismo, agregó que el hecho de que el daño hubiera sido causado por un tercero ajeno a la entidad demandada no exime a esta de responsabilidad, dado que es apelante única y no puede hacer más gravosa su situación (C. P. María Adriana Marín).