La Procuraduría le solicitó a la Corte Constitucional que se declare inhibida para examinar algunos de los apartes de la reforma a la Ley de Justicia y Paz (artículo 26 de la Ley 1592 del 2012, modificatorio del artículo 25 de la Ley 975 del 2005). La disposición permite derogar los beneficios a los postulados con posterioridad a la sentencia alternativa, si se comprueba que no pusieron a disposición de las autoridades todos los bienes adquiridos durante la pertenencia a la organización. Para el Ministerio Público, el actor no expone un solo argumento que pueda convencer a la corporación de la inconstitucionalidad del texto. La ponencia será presentada por el magistrado Mauricio González.