Al concluir que la resolución que dispone reubicar a las poblaciones afectadas por la explotación carbón en Plan Bonito, el Hatillo y Boquerón (Cesar) es de carácter ambiental y no minero, el Consejo de Estado le ordenó al Tribunal Administrativo de Cundinamarca resolver la demanda de nulidad interpuesta sobre las resoluciones en las cuales el Ministerio de Ambiente impuso a la Colombian Natural Resources la obligación de adelantar esta tarea. El alto tribunal contencioso señaló que esta cartera goza incluso de la facultad de ordenar la suspensión de actividades, dentro del control que le corresponde ejercer para salvaguardar el entorno natural. Así las cosas, el Consejo de Estado revocó la nulidad de todo lo actuado que había sido decretada por el tribunal y le ordenó resolver la demanda contra las resoluciones 970 del 2010 y 1525 del 2010, frente a las cuales la demandante considera que podría configurarse un daño patrimonial en su contra cercano a los $ 20.000 millones (C. P. Jaime Orlando Santofimio).