“La mesa de negociaciones de La Habana no es soberana”, expresó la Procuraduría, que aclaró que solo el Congreso está habilitado por la Constitución para regular la actuación de un órgano de esta naturaleza. Destacó que el Acto Legislativo 1 del 2012 así lo previó. Además, insistió en que la judicialización de los eventuales desmovilizados no puede estar supeditada a las conclusiones de esta comisión y que aun cuando el Gobierno haya señalado que las actuaciones no se darán con base en esos resultados, no se entiende entonces por qué todos los beneficios procesales se están condicionando a que los excombatientes acudan a la comisión de la verdad, para contribuir al esclarecimiento de los hechos propios del conflicto. Añadió que de las palabras de alias Rodrigo Granda no puede entenderse cosa distinta a que las Farc pretenden evitar asumir la responsabilidad penal individual de sus delitos, ya que insisten en que asumirán sus culpas de manera colectiva.