La Procuraduría General de la Nación presentó ante la Corte Constitucional el segundo informe de seguimiento al esquema de metas de corto plazo a favor de la población de recicladores del Distrito Capital, en el cual se analizan los avances de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP). Según el Ministerio Público, una de las debilidades que se evidencian en el esquema es la falta de estrategias de financiación. Así mismo, advierte que la gran rotación de personal que tiene la UAESP ha afectado el cumplimiento del auto de la Corte Constitucional. “Para este organismo de control no es claro hacia dónde apunta la reorganización del servicio público de aseo en el Distrito y cómo el esquema elegido se reorientará hacia el aprovechamiento y la participación de los recicladores como empresarios”, señaló.