Ante el Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá se radicó una tutela que busca anular el acto por medio del cual la Corte Suprema de Justicia postuló a Alejandro Ordóñez al cargo de Procurador General de la Nación para el periodo 2013-2016. Según el demandante, con la designación del candidato “a puerta cerrada”, este alto tribunal vulneró los derechos al debido proceso, a la igualdad y al acceso a los cargos públicos de quienes aspiraban a postular su hoja de vida por cumplir los requisitos para ser jefe del Ministerio Público. En la demanda se argumenta que “operó un cambio súbito, sin motivo aparente, alterando la situación de todos los posibles candidatos, lo que supone una variación drástica en el principio de confianza legítima”. Como medida cautelar, el demandante pidió la suspensión provisional de los efectos del acto de elección.