A través del Decreto 0722, el Ministerio del Trabajo conformó la red de operadores del servicio público de empleo y reguló la actividad de intermediación laboral, que será prestada por personas jurídicas de derecho público o privado de manera personal o virtual. De igual manera, explicó que es un servicio obligatorio, cuya dirección, coordinación y control está a cargo del Estado, el cual deberá asegurar la calidad, ampliación de su cobertura, prestación continua, ininterrumpida y eficiente. La función esencial será la de lograr la mejor organización posible del mercado de laboral, para lo cual ayudará a los trabajadores a encontrar un empleo conveniente y a los empleadores a contratar trabajadores apropiados a las necesidades de las empresas.