El articulado aprobado por el Senado es el texto definitivo que se enviará a sanción para hacer efectiva la reforma a la Defensoría del Pueblo. Así, el Presidente de la República tendrá seis meses para modificar la estructura de la entidad y determinar el sistema de nomenclatura y clasificación de los diferentes empleos. Para garantizar la estabilidad laboral de los funcionarios actuales, se obliga al Ejecutivo a reubicar a quienes se les supriman o modifiquen los cargos.