El Gobierno sancionó la ley que modifica la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 del 2007 para dar capacidad a los cabildos indígenas para celebrar contratos bajo la modalidad de contratación directa con entidades estatales.

Para las organizaciones de base de comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras y las demás formas y expresiones organizativas deberán contar con 10 años o más de haber sido incorporados por el Ministerio del Interior en el correspondiente Registro Público Único Nacional y que hayan cumplido con el deber de actualización de información en el mismo registro.

Esta ley fue concertada con los pueblos y organizaciones indígenas en 2019, en donde se procedió a analizar, aprobar y protocolizar el proyecto de ley para la modificación de la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 del 2007.

Lo anterior con el fin de cumplir con el compromiso suscrito en el Plan Nacional de Desarrollo para llevar a cabo la elaboración, presentación y gestión de un proyecto de ley que otorga capacidad jurídica a los cabildos para contratar directamente con entidades del Estado.