La Corte Suprema de Justicia se inhibió de iniciar investigación penal en contra del representante a la Cámara Guillermo Rivera Flórez, por supuestos vínculos con grupos paramilitares que favorecieron su aspiración al Congreso en el año 2002. Según la Sala Penal, no se logró demostrar que Rivera hubiera recibido ayuda económica o política de personas cercanas a dichos grupos armados ilegales. En la providencia, el alto tribunal envió “un mensaje de preocupación judicial” relacionado con la actividad delincuencial organizada, enfocada al narcotráfico, en el departamento de Putumayo. En el proceso, un testigo afirmó que las bandas armadas controlan la dinámica social en la región y se disputan el negocio de la cocaína. Por tal razón, la Corte exhortó a la gobernación del departamento, la Fiscalía General y a la fuerza pública para que, dentro de su competencia, adopten las acciones correspondientes.