En casos en donde se discute la responsabilidad de los establecimientos prestadores del servicio de salud, por las lesiones o daños a pacientes, el Consejo de Estado reiteró que el régimen aplicable es el de falla del servicio, realizando una transición entre los conceptos de falla presunta y falla probada, y es esta última el título de imputación bajo el cual es posible configurar la responsabilidad estatal por la actividad médica hospitalaria. Por tal razón, la Sección Tercera declaró administrativa y patrimonialmente responsable a un hospital de Cereté (Córdoba), por la falla en la prestación del servicio médico que condujo a la amputación del brazo izquierdo a una paciente (M. P. Hernán Andrade Rincón).