El Consejo de Estado explicó que por la demolición interna de un inmueble que es bien de interés cultural se vulneran los derechos colectivos a la realización de construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos, respetando las disposiciones jurídicas, y a la defensa del patrimonio cultural de la Nación. Por tal razón, la Sección Primera declaró que existió la vulneración de dichos derechos por parte de la administración del municipio de Salento (Quindío), por autorizar la demolición y modificación interna de un inmueble que representaba la identidad cultural de la Nación, como testigo del proceso de colonización antioqueña. Según la Sala, el municipio “incumplió su obligación legal de proteger el patrimonio cultural en su jurisdicción y dio paso a la desaparición de un bien de interés cultural”. Señaló que aunque el bien no ha sido declarado de interés nacional por el Ministerio de Cultura, su ubicación y lo que representa para el municipio lo convierte en bien de interés cultural territorial y merece igual protección (C. P. María Elizabeth García).