Ante la Corte Constitucional fue demandado el artículo 128 del Estatuto Anticorrupción (Ley 1474 del 2011), que ordenó la creación de cargos en la Contraloría General de la República. Según la demanda, la disposición acusada vulneró el principio de unidad de materia, pues la Ley 1474 está encaminada a concretar la política de lucha contra la corrupción y en su trámite no se contempló la posibilidad de modificar la estructura de este ente de control. Además, el artículo demandado desconoció que la iniciativa legislativa frente a ese tema está a cargo del Contralor General de la República (demandante: Carlos Augusto Ramírez).